ASESOR DEL GOBIERNO REGIONAL REFUTA A CONGRESISTA MORALES
Informe de Contraloría no determina ninguna responsabilidad penal, aclara PIURA, 24 OCT.- El asesor presidencial, Dr. Miguel Talledo Arámbulo responsabilizó la mañana de hoy a la congresista Fabiola Morales Castillo de querer "traerse abajo" el proyecto de cultivos de caña de azúcar para la producción de etanol, por parte de la empresa Maple, al basarse en un informe de la Contraloría de la República que en ningún momento determina que haya responsabilidad penal en las personas comprendidas.
Talledo se mostró extrañado que la congresista piurana no obstante pertenecer a un partido que fomenta la inversión, le esté haciendo el juego o a la izquierda o a quienes quieren que la inversión en el país no avance"
Dicho informe, de marzo del presente año, refiere Talledo, en ningún momento señala que el Presidente Regional César Trelles Lara debe ser denunciado, menos que tenga responsabilidad penal o haya cometido dolo.
"Que ella busque más argumentos para que no se ejecute el proyecto es otra cosa, pero ya hay responsabilidad de ella como congresista. Sin embargo, debe quedar claro que ella no tiene función jurisdiccional, y no es fiscal ni juez para pedir que se incluya a una persona que no está considerada en la investigación, eso es una locura", aseveró.
INFORME
Enfocando algunos aspectos saltantes del informe, el asesor presidencial puso en claro que el mismo concluye que las tierras dejarán de ser eriazas cuando la empresa que las compró las dote de agua e incida en su desarrollo. "No hay dolo en torno a esto pero recomienda cumplir con una serie de acciones", precisó.
Con respecto al precio pagado por Maple al Proyecto Chira-Piura por las tierras adjudicadas –dijo- la comisión de auditoría concluye que no existe criterio o normativa transgredida que evidencie hecho observable, "por lo cual no hay responsabilidad ni dolo en ese sentido"
También se ha determinado que las tierras vendidas estaban inscritas en los Registros Públicos a favor del Proyecto Chira-Piura. "De allí que quienes han tenido un cementerio al lado, o sus familias por allí, no significa que el Estado deje de ser propietario, si bien se puede haber cometido algún error administrativo", indicó.
Tales tierras han sido negociadas y se han firmado actas entre el Proyecto Chira-Piura y la población, con lo cual se han devuelto más de 500 hectáreas a los pobladores, y se le ha compensado a la empresa con otra zona.
Talledo incidió en que el tema social está totalmente saneado, y no hay lugar a acciones penales, civiles, ni de responsabilidad que generen una indemnización. "Lo que hay (en el informe) son acciones administrativas, como el caso de la persona que no tuvo el cuidado de chequear todos los años las tierras para evitar que se posesione la gente", arguyó.
El informe también recomienda, entre otros, que la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios inicie procesos administrativos para la aplicación de las sanciones disciplinarias a los funcionarios y ex funcionarios que no cumplieron con su misión de ejercer un debido cuidado.
También aseguró que sí se cumplió con comunicar del hecho al Consejo de Coordinación Regional (CCR), como consta en acta del Consejo Regional, "pero si (el CCR) no lo debatió, no es problema del Gobierno Regional, sino de ellos", remarcó.
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