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Por cálculo electoral candidatos presidenciales no abordan
propuestas para combatir el narcotráfico: López-Dolz

Como no les resulta políticamente rentable, los candidatos presidenciales no explican al país cómo combatirán al narcotráfico, lacra que se está extendiendo peligrosamente y agudizando los problemas de inseguridad ciudadana, alertó Dardo López-Dolz, especialista en temas de seguridad y orden interno.

En una entrevista radial, el analista dijo que el principal clamor de la opinión pública es saber qué va hacer el próximo gobierno para mejorar la seguridad ciudadana, sin embargo, sobre el tema no existen propuestas claras, ordenadas y viables.

Uno de los temas cruciales de la seguridad interna es el combate al narcotráfico. López-Dolz dijo que durante los últimos años las mafias han aumentado notablemente la producción de coca y de cocaína en el Perú, han extendido sus operaciones desde el VRAE hasta el Huallaga -hasta el punto de que allí existe una sola zona continua donde prolifera- y en el centro y sur del país también existe una fuerte presencia narcotraficante.

El ex vice ministro del Interior explicó que “la mayor parte de la economía de estas zonas gira alrededor del narcotráfico y esa es la razón de porqué ningún candidato presidencial habla sobre el tema: no resulta políticamente rentable en campaña anunciar medidas que van en contra de ese negocio”.

Refirió que el narcotráfico y el terrorismo mutuamente se alimentan y coinciden en áreas geográficas donde presionan para que no ingresen las fuerzas del orden lo que les permite actuar con total impunidad y propiciar, además, la delincuencia común. Esta actividad además es peligrosa por su extraordinaria capacidad de corromper a las instituciones.

Tras afirmar que el país no tiene una política clara de seguridad interna, López-Dolz dijo que la percepción generalizada de incompetencia en la gestión de los ministros del Interior responde a que -independientemente de la calidad de quien sea designado en el cargo- poco puede hacer pues termina capitaneando una organización “hipertrofiada e incapaz” que tiene cinco direcciones (inteligencia, gobierno interior, etc.) con funciones importantes en la seguridad interna pero que no trabajan de manera articulada.

En ese sentido dijo que en una eventual reforma el Estado lo primero que se debe abordar es la seguridad interna porque se trata de una “necesidad primigenia” sobre el cual se puede construir todo lo demás.

“Próximo Gobierno no debe cometer error de dialogar con violentistas”
Unas de las expresiones más preocupantes de la inseguridad ciudadana es el recurrente accionar de grupos violentistas que mediante el bloqueo de carreteras y la destrucción de la propiedad pública y privada exigen al Estado la atención de sus reclamos.

Al respecto el analista dijo que desde el inicio de su mandato el Gobierno aprista cometió la equivocación de enviar al primer ministro a dialogar de igual a igual con grupos violentos, “grave error estratégico” que debe evitar la próxima administración.

Recordó que en el 2006, con el incidente de Combayo (Puno) –donde un grupo de campesinos atacó con armas de fuego a varios trabajadores quienes se defendieron a consecuencia del cual murió uno de los atacantes- este Gobierno cometió el error de allanarse con los violentistas lo que dio dos mensajes muy claros: la violenta es socialmente aceptable cuando se reclaman algún derecho -o lo que se cree es un derecho- y, segundo, el régimen involucrará directamente al presidente del Consejo de Ministros para tratar de resolver el problema.

Desde entonces, recordó, durante los últimos casi cinco años, el país ha sido jalonado por conflictos de todo tipo que tienen como denominador común el accionar de grupos que bloquean carreteras, tiran piedras, cometen desmanes y en todos los casos el Gobierno ha retrocedido con las denominadas “mesas de diálogo” a cargo del premier de turno.

López-Dolz aclaró que la protesta es legítima en tanto no degenere en acciones violentas que atenten contra los ciudadanos y esa discriminación debe permitir a las fuerzas del orden cumplir su deber de imponer el orden sin terminar después procesados judicialmente.

A propósito de la denuncia de trabajadores de las azucareras Pomalca y Tumán de que el controvertido grupo Oviedo –administrador judicial de ambas empresas- está pagando a gente para apoyar su causa, el analista dijo que desde los últimos años es muy común la presencia de “mercenarios” en las protestas que se suceden en el país.

Crousillat
En relación a la detención del ex broadcaster José Enrique Crousillat, el analista coincidió que el tema “aparece muy oportuno y roba caratulas sobre los problemas internos del Partido Aprista”, sin embargo no es seguro que sea una “cortina de humo” aunque “todo es posible en este país…”.

Dijo que por más antipático que resulte Crousillat, desde el punto de vista estrictamente jurídico no hay posibilidad de marcha atrás en el indulto otorgado en su momento por el Ejecutivo. “No se puede revocar… jurídicamente mente la revocación del indulto no tiene sustento”, subrayó.